Trabajo infantil en México 2025: la operación revela dónde persiste el riesgo

Para la industria mexicana, el dato de 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil no describe un solo punto de la economía. Señala una combinación de presión familiar, baja permanencia escolar, mercados locales informales y actividades productivas donde la supervisión puede ser limitada. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 21 de octubre de 2026, ubicó en 12.6% la tasa entre la población de 5 a 17 años.

La cifra apenas cambió frente a 2015, cuando se contabilizaron 3.6 millones de casos. La tasa, de hecho, pasó de 12.3% a 12.6%, aunque alcanzó 13.1% en 2022. El movimiento muestra una reducción reciente, pero no una transformación suficiente de las condiciones que empujan a niñas, niños y adolescentes hacia ocupaciones no permitidas o cargas domésticas que afectan su desarrollo. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enti/ENTI2025_CP.pdf))

Desde una perspectiva industrial, la pregunta útil no es únicamente cuántas personas están involucradas, sino dónde se concentra el riesgo operativo: en qué sectores, con qué intensidad territorial, bajo qué relación con la escuela y en qué hogares. Esas variables determinan si las políticas públicas pueden prevenir el problema antes de que se convierta en rotación escolar, pérdida de capacidades y menor disponibilidad de talento para las economías regionales.

Una medición que separa dos problemas operativos

La ENTI 2025 distingue entre la ocupación no permitida y los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. De los 3.5 millones de personas identificadas, 1.6 millones realizaban únicamente una ocupación no permitida; 1.7 millones se dedicaban exclusivamente a labores domésticas riesgosas o con horarios prolongados, y 0.2 millones combinaban ambas situaciones. En términos de tasas, la ocupación no permitida representó 5.8%, mientras que los quehaceres domésticos no adecuados alcanzaron 6.0%; el grupo que combinó las dos condiciones equivalió a 0.8%.

La diferencia importa para la gestión pública y para el análisis de cadenas de suministro. La ocupación no permitida se relaciona con unidades económicas, actividades productivas, horarios, remuneración y condiciones de seguridad. Los quehaceres domésticos no adecuados, en cambio, ocurren dentro del hogar y pueden permanecer fuera de los controles laborales convencionales. No sería correcto tratarlos como si fueran el mismo fenómeno ni suponer que una auditoría empresarial puede resolver por sí sola la segunda vertiente.

El propio reporte del INEGI señala que la encuesta busca caracterizar las viviendas, los hogares, las condiciones económicas, el acceso a programas sociales y la relación entre trabajo infantil y educación. La muestra incluyó 78,342 viviendas particulares y la captación se realizó entre el 6 de octubre de 2025 y el 2 de enero de 2026. Esa cobertura permite leer el resultado como un problema de estructura económica y social, no sólo como una infracción aislada. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enti/ENTI2025_RR.pdf))

El mapa productivo: campo, servicios y comercio concentran la ocupación no permitida

Entre quienes estaban en ocupación no permitida, el sector agropecuario concentró 27.7% de los casos; los servicios, 27.3%, y el comercio, 24.5%. La industria manufacturera, extractiva, de electricidad, gas y agua representó 12.0%, mientras que la construcción aportó 6.9%. El 1.6% restante correspondió a actividades no especificadas. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enti/ENTI2025_RR.pdf))

El cambio frente a 2022 ofrece una pista para el seguimiento. La participación del sector agropecuario bajó de 33.0% a 27.7%, mientras que comercio y servicios subieron de 21.5% a 24.5% y de 23.2% a 27.3%, respectivamente. Esto no significa que el riesgo haya desaparecido del campo ni que el aumento porcentual en servicios implique una causalidad directa; sí indica que la vigilancia no puede limitarse a temporadas agrícolas o a proveedores de materias primas.

La distribución también presenta diferencias por sexo. Los niños tuvieron mayor presencia relativa en el sector agropecuario y la construcción; las niñas concentraron una proporción mayor en comercio, servicios y el agregado de manufactura, industrias extractivas, electricidad, gas y agua. Para las empresas, la conclusión operativa es acotada pero relevante: los mapas de riesgo deben considerar actividades y ocupaciones específicas, no sólo el nombre del sector o el estado donde se encuentra una planta.

La dimensión territorial refuerza esa necesidad. En números absolutos, el estado de México concentró 335 mil niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil; Chiapas, 326 mil, y Veracruz, 292 mil. En tasas, la mayor incidencia correspondió a Guerrero, con 22.6%; Oaxaca registró 20.9% y Chiapas 20.3%. Las menores tasas se observaron en Sinaloa, con 5.4%; Baja California, con 5.8%, y Coahuila, con 7.0%. Por eso, una estrategia de infraestructura, logística o expansión industrial requiere distinguir entre volumen total de población afectada e intensidad relativa del problema. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enti/ENTI2025_CP.pdf))

La continuidad escolar funciona como indicador de capacidad futura

La relación con la escuela es una de las señales más fuertes de la ENTI 2025. La tasa de trabajo infantil fue de 9.9% entre quienes asistían a la escuela, pero llegó a 48.4% entre quienes no asistían. En la ocupación no permitida, la diferencia fue todavía más marcada: 4.6% entre quienes acudían a clases frente a 34.0% entre quienes no lo hacían. En áreas menos urbanizadas, la tasa de trabajo infantil alcanzó 15.7%, casi el doble de 8.4% registrado en localidades de 100 mil habitantes o más. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enti/ENTI2025_RR.pdf))

Estos datos no permiten afirmar que dejar la escuela sea una causa única del trabajo infantil. Sí muestran una concentración del riesgo que debería orientar la operación de los programas públicos: transporte escolar, becas, alimentación, servicios de cuidado, inspección laboral y apoyo al ingreso familiar necesitan coordinarse en las zonas y grupos donde se superponen inasistencia y ocupación.

La nueva desagregación de la encuesta también advierte que la población indígena tuvo una tasa de trabajo infantil de 24.9%, frente a 15.6% entre la población afrodescendiente y 10.9% entre las personas con discapacidad. Entre la población indígena, la tasa de ocupación no permitida fue de 14.2%. Esto obliga a que la planeación territorial incorpore lengua, movilidad, distancia a los centros educativos y características de las comunidades, en lugar de utilizar una política uniforme para todo el país. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enti/ENTI2025_CP.pdf))

Qué debería seguirse en plantas, proveedores y regiones

La ENTI 2025 permite construir una agenda de seguimiento con indicadores separados. El primer bloque debe medir la ocupación no permitida por sector, entidad, tamaño de localidad y tipo de unidad económica. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social mantiene una plataforma que reúne información oficial, mapas de riesgo y variables como sector de actividad, posición en la ocupación, jornada, ingresos y asistencia escolar; aunque sus tableros previos no sustituyen los resultados de la ENTI 2025, ofrecen una referencia para diseñar diagnósticos territoriales y operativos. ([trabajoinfantil.stps.gob.mx](https://trabajoinfantil.stps.gob.mx/mapa_riesgo_back/ti_explorer_mx-master/?utm_source=openai))

El segundo bloque debe revisar la transición educativa. No basta con contabilizar cuántas niñas, niños y adolescentes trabajan: también se necesita conocer cuántos faltan a la escuela, cuántos combinan estudio y trabajo, qué distancia recorren para estudiar y qué apoyos reciben los hogares. La asistencia escolar, por sí sola, tampoco resuelve el riesgo si la jornada productiva interfiere con el descanso o el rendimiento.

El tercer bloque corresponde a la trazabilidad empresarial. En sectores como agroindustria, comercio, construcción y servicios, una empresa puede no contratar directamente a personas menores de edad y aun así operar en territorios donde existen proveedores, contratistas, intermediarios o actividades familiares vulnerables. La respuesta no debe consistir en trasladar toda la responsabilidad a la empresa formal, sino en establecer controles proporcionales: criterios de contratación, registros de proveedores, canales de denuncia, revisión de temporadas críticas y coordinación con autoridades locales.

Finalmente, los programas públicos deberían reportar resultados con una lógica de operación: cuántos hogares dejaron de depender del trabajo infantil, cuántos estudiantes permanecieron en la escuela, qué municipios redujeron su tasa y qué sectores dejaron de concentrar ocupación no permitida. El principal motivo declarado para trabajar fue por gusto o sólo por ayudar, con 30.6%; después aparecieron pagar la escuela o cubrir gastos propios, con 22.4%, y el pago de deudas, no estudiar u otra razón, con 15.2%. Estas respuestas no eliminan la dimensión económica: muestran que la prevención debe atender tanto la necesidad de ingreso como las normas familiares y comunitarias que normalizan la participación temprana. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enti/ENTI2025_RR.pdf))

La siguiente prueba será convertir el dato en capacidad preventiva

El trabajo infantil en México 2025 no representa únicamente una deuda de protección de derechos. También revela dónde las economías regionales están absorbiendo capacidades que deberían permanecer en la escuela y dónde las cadenas productivas dependen de entornos con baja supervisión o ingresos familiares insuficientes. La reducción desde 2022 es una señal positiva, pero el nivel de 12.6% y la brecha entre territorios muestran que todavía no existe un cambio estructural.

El siguiente ciclo de seguimiento debería comprobar si las entidades con mayores tasas logran reducir la ocupación no permitida y las labores domésticas riesgosas sin trasladar el problema a otra actividad o municipio. Para la industria, la métrica más útil no será una declaración general de tolerancia cero, sino la evidencia de que sus proveedores, regiones de operación y programas de formación están disminuyendo los puntos concretos de riesgo.