Financiamiento climático en México: el capital existe, pero faltan proyectos listos para invertir

El financiamiento climático en México enfrenta una escasez de proyectos bancables, no de capital, coincidieron participantes del Mexico Carbon Forum 2026, realizado el 2 y 3 de septiembre en el Complejo Tres Centurias, en Aguascalientes. En el encuentro participaron representantes de las Afores, la Bolsa Mexicana de Valores, bancos, gobiernos, empresas y organismos especializados para discutir cómo convertir la reducción de emisiones y la adaptación climática en oportunidades de inversión.

El diagnóstico cambia el centro de la discusión: el país no sólo necesita atraer más recursos para la transición energética y ambiental, sino desarrollar proyectos capaces de demostrar quién pagará por sus servicios, cómo se generarán los ingresos, qué riesgos pueden ocurrir y quién asumirá cada uno de ellos. Sin esa información, una iniciativa puede ser ambientalmente valiosa, pero financieramente inviable para un fondo de retiro o un banco.

En breve

Las Afores y otros inversionistas institucionales cuentan con recursos para participar en infraestructura sostenible, pero no pueden sustituir al desarrollador ni financiar proyectos sin una expectativa razonable de rendimiento.
Un proyecto bancable requiere ingresos identificables, permisos, estructura financiera, gobierno corporativo, medición del impacto y una distribución clara de riesgos.
La evolución del Sistema de Comercio de Emisiones, los impuestos estatales al carbono y las normas de divulgación climática definirán qué tan visibles y valorables serán esos proyectos para el mercado.

De la necesidad ambiental al activo financiero

Durante el panel sobre financiamiento climático y estructuración de instrumentos alternativos, Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, explicó que las administradoras tienen interés y capacidad para invertir en infraestructura y sostenibilidad, pero su mandato exige cuidar el ahorro de los trabajadores. Por ello, no pueden operar como fondos de apoyo a fondo perdido: necesitan activos con riesgo medible, horizonte de largo plazo y una rentabilidad compatible con sus obligaciones.

El Cronista México reportó que Zamarripa estimó en cerca de 700 mil millones de pesos las aportaciones netas que las Afores recibirían durante 2026 y que deberán ser invertidas. Esa cifra ilustra la disponibilidad potencial de recursos, pero no significa que todo ese flujo pueda dirigirse automáticamente a proyectos climáticos. El dinero institucional sólo llega cuando existe un vehículo de inversión adecuado y cuando la información técnica, jurídica y financiera permite comparar el riesgo con el rendimiento esperado.

La diferencia es relevante para sectores como agua, movilidad eléctrica, eficiencia energética, manejo de residuos, generación renovable distribuida, restauración forestal y captura de biogás. En todos ellos puede haber beneficios sociales y ambientales claros, pero el inversionista necesita además identificar contratos, tarifas, compradores, garantías, ahorros verificables o ingresos por certificados que sostengan el flujo de efectivo.

Qué debe tener un proyecto mexicano para ser bancable

La primera condición es un modelo de ingresos comprensible. En una planta de tratamiento de agua, por ejemplo, debe estar definido quién pagará por el servicio, durante cuánto tiempo y bajo qué fórmula de actualización. En eficiencia energética, el desarrollador debe probar cuánto ahorro generará la tecnología, cómo se medirá y qué parte de ese ahorro se destinará al repago de la inversión. En un proyecto de residuos, la viabilidad puede depender de contratos de suministro, venta de energía, tarifas de disposición y compradores para materiales recuperados.

La segunda es la preparación técnica y jurídica. Antes de solicitar deuda o emitir un bono, el proyecto requiere estudios de ingeniería, permisos ambientales, derechos sobre el terreno, conexión a la red, análisis de demanda, contratos de compra y una evaluación de impactos sociales. Cuando esa preparación no existe, el riesgo de retrasos, sobrecostos o litigios se incorpora al precio del financiamiento y puede volverlo demasiado caro.

La tercera condición es la gobernanza. Los fondos institucionales necesitan saber quién toma decisiones, cómo se reportan los resultados, qué controles existen y qué ocurre si el desarrollador incumple. La transparencia no es un requisito separado del impacto ambiental: es la base para que un inversionista pueda verificar que las reducciones de emisiones, los ahorros o los beneficios comunitarios son reales.

Finalmente, el proyecto debe poder replicarse o escalarse. Una iniciativa aislada puede ser demostrativa, pero los inversionistas suelen buscar portafolios que reduzcan costos de transacción y diversifiquen riesgos. Agrupar pequeños proyectos solares, sistemas de eficiencia en parques industriales o acciones de restauración con metodologías comunes puede hacerlos más atractivos que evaluarlos uno por uno.

Quién debe absorber el riesgo

El llamado de-risking no consiste en eliminar todos los riesgos, sino en asignarlos al participante que mejor puede administrarlos. El gobierno puede aportar permisos coordinados, garantías parciales, información pública, infraestructura habilitadora o contratos de largo plazo. El desarrollador debe asumir los riesgos de construcción, operación y desempeño que estén bajo su control. Los bancos pueden estructurar deuda, coberturas y condiciones de desembolso, mientras que los inversionistas institucionales participan cuando el activo alcanza una etapa de madurez y cuenta con mecanismos de protección.

Este reparto es especialmente importante en infraestructura pública. Los cuellos de botella en agua, electricidad y transporte afectan la competitividad industrial, pero no siempre pueden resolverse con capital privado sin una definición clara de tarifas, concesiones, contraprestaciones o pagos por disponibilidad. Si el Estado espera que las Afores financien una obra, debe ofrecer reglas estables y una estructura contractual que proteja tanto el interés público como el ahorro pensionario.

La banca también busca que los proyectos tengan rentabilidad económica y social, operación sólida, capacidad de escalar e impactos positivos para las comunidades. Esa combinación evita que la etiqueta verde sustituya al análisis financiero. Un proyecto no se vuelve financiable sólo porque reduzca emisiones; debe demostrar que puede operar, pagar sus obligaciones y mantener sus resultados durante la vida del financiamiento.

La regulación puede crear demanda, pero no reemplaza la preparación

La agenda del foro incluyó el Sistema de Comercio de Emisiones, los mercados voluntarios, los instrumentos subnacionales y la divulgación bajo IFRS S1 e IFRS S2. México puso en marcha el programa de prueba del Sistema de Comercio de Emisiones entre 2020 y 2022, con la expectativa de avanzar posteriormente a una fase operativa. En junio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático revisó los avances de la primera fase operativa del sistema.

El SCE puede generar una señal económica para que las empresas reduzcan emisiones y demanden tecnologías más eficientes. Sin embargo, para que esa señal se traduzca en financiamiento debe existir claridad sobre las reglas de asignación, medición, verificación, cumplimiento y uso de créditos o derechos de emisión. La incertidumbre regulatoria eleva el riesgo y dificulta proyectar el precio futuro de una reducción de emisiones.

Los impuestos estatales al carbono agregan otra capa al panorama. Un reporte de Banco de México identificó, a abril de 2024, la operación de gravámenes de este tipo en Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Yucatán y Zacatecas. La diversidad de tasas, bases gravables y mecanismos de cumplimiento puede incentivar proyectos locales, pero también obliga a las empresas con operaciones en varias entidades a construir modelos más complejos. Para el mercado, la comparabilidad será tan importante como el monto del incentivo.

En paralelo, la divulgación climática empieza a conectar la información ambiental con las decisiones de inversión. La Fundación IFRS señala que México incorporó referencias a los estándares ISSB en las disposiciones aplicables a emisoras, con la obligación de presentar por primera vez información financiera relacionada con sostenibilidad en 2026, correspondiente al ejercicio 2025, para las emisoras alcanzadas por la regulación. Esto presiona a las empresas a identificar riesgos climáticos, oportunidades, emisiones y efectos sobre sus flujos de efectivo.

El siguiente cuello de botella: preparar una cartera, no sólo proyectos aislados

El Mexico Carbon Forum 2026 mostró que el desafío del financiamiento climático en México es institucional y de ejecución. Las Afores, los bancos y la Bolsa Mexicana de Valores pueden aportar vehículos, deuda, capital y mecanismos de negociación, pero requieren una cartera suficientemente madura para invertir de manera recurrente.

La oportunidad para gobiernos estatales, municipios y desarrolladores está en crear oficinas o plataformas de preparación de proyectos que unifiquen estudios, permisos, métricas y contratos. También será necesario fortalecer a los gestores especializados que puedan llevar una iniciativa desde la etapa conceptual hasta una emisión, un crédito sindicado o un fideicomiso de infraestructura.

Si México logra convertir sus necesidades de agua, energía, residuos y conservación en proyectos con flujos verificables, el capital institucional podrá desempeñar un papel mayor en la transición. Si no lo hace, la disponibilidad de recursos seguirá coexistiendo con una cartera reducida de activos invertibles. La diferencia no estará en cuántos fondos existen, sino en cuántos proyectos pueden demostrar, con documentos y datos, cómo generan valor climático y financiero.