INE designa a Ernesto Santana para conducir el IEPC Jalisco ante la elección de 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó el martes 29 de septiembre de 2026 a Ernesto Santana Bracamontes como presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco), en una sesión celebrada por el órgano electoral nacional. Santana tomará posesión el 1 de octubre y ejercerá el cargo por siete años, hasta el 30 de septiembre de 2033, justo cuando el organismo estatal entra en la fase inicial del proceso electoral local concurrente 2026-2027.

La resolución puso fin a la vacante que dejó Paula Ramírez Höhne, cuya renuncia surtió efectos el 1 de julio de 2026. El relevo no sólo resuelve un pendiente institucional: coloca a una nueva presidencia al frente de la planeación de las elecciones en las que Jalisco renovará sus 38 diputaciones locales y los 125 ayuntamientos. El proceso local está previsto para comenzar durante la primera quincena de octubre y tendrá su jornada electoral el 6 de junio de 2027, en coordinación con los comicios federales.

La designación fue aprobada con ocho votos a favor. El acuerdo general se avaló por unanimidad y, en la votación particular, la propuesta de Santana alcanzó la mayoría requerida, por lo que ya no fue necesario votar el segundo perfil finalista. El nombramiento fue informado por el propio INE en su balance de la sesión del 29 de septiembre.

En breve

Nombramiento: Ernesto Santana Bracamontes presidirá el IEPC Jalisco del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2033.
Perfil finalista: Gabriela Dolores Ruvalcaba García también fue propuesta por la comisión del INE y cumplió con las etapas del procedimiento.
Reto inmediato: el IEPC proyectó 766.2 millones de pesos para organizar la elección local de 2027, además de su gasto ordinario y el financiamiento público de partidos.

Dos perfiles y un procedimiento con filtros técnicos

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE había propuesto el 23 de septiembre a Gabriela Dolores Ruvalcaba García y Ernesto Santana Bracamontes. La convocatoria fue mixta porque la presidencia anterior estaba ocupada por una mujer y el reglamento considera criterios de alternancia y composición de género.

El proceso comenzó con 61 registros: 38 hombres, 22 mujeres y una persona no binaria. Después de la revisión de requisitos, 54 aspirantes pasaron al examen de conocimientos. De ese grupo, 29 avanzaron al ensayo y 27 realizaron el cotejo documental. Finalmente, 19 personas —ocho mujeres y 11 hombres— llegaron a la valoración curricular y las entrevistas.

El INE señaló que la evaluación incluyó examen de conocimientos, ensayo, prueba de competencias gerenciales, revisión curricular y entrevista. La convocatoria estableció que el examen sería aplicado con apoyo del Ceneval; el ensayo estaría a cargo de El Colegio de México, y la evaluación de competencias gerenciales sería realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala.

Ruvalcaba García fue presentada como licenciada en Derecho, con maestrías en Derecho Electoral y Derecho Constitucional y Amparo, además de un doctorado en Derecho Electoral. Su experiencia incluye la dirección de la Escuela Judicial Electoral. Santana, por su parte, es licenciado en Derecho, maestro en Políticas Públicas con perspectiva de género y cuenta con 25 años de experiencia electoral. Entre sus cargos previos están la coordinación de una ponencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior.

La agenda operativa comienza antes de la toma de protesta

El calendario explica por qué el INE buscó resolver la vacante antes de octubre. El IEPC ya aprobó acuerdos relacionados con la coordinación institucional con el INE, el diseño del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”. También autorizó la celebración de convenios generales de coordinación para el proceso local.

Para el nuevo presidente, esto significa asumir una institución que no parte de cero, pero que debe transformar decisiones administrativas en operaciones verificables: contratación de personal, instalación y funcionamiento de órganos desconcentrados, registro de candidaturas, capacitación, producción de documentación y materiales, debates, transmisión de resultados preliminares y cómputos distritales y municipales.

El PREP será uno de los frentes más visibles. Su función será capturar, digitalizar y publicar la información de las actas recibidas en los centros de acopio y transmisión de datos. El IEPC designó una comisión para dar seguimiento al sistema y encargó a su Dirección de Informática e Innovación la elaboración del plan de trabajo. La preparación tecnológica deberá avanzar con suficiente anticipación para que las pruebas, auditorías y simulacros no queden concentrados en las últimas semanas.

El presupuesto: la presión no está sólo en el gasto del instituto

El IEPC remitió al Poder Ejecutivo estatal, el 14 de agosto, sus anteproyectos presupuestales para 2027. La propuesta contempla 140 millones 729 mil 442 pesos para la operación ordinaria del organismo, destinados a servicios básicos, arrendamientos, papelería, educación cívica, participación ciudadana, atención de quejas y otros proyectos institucionales.

Para preparar, organizar y desarrollar la elección local concurrente, el instituto estimó 766 millones 203 mil 91 pesos. Esa partida incluye la selección y contratación del personal, documentación electoral, materiales, registro de candidaturas, capacitación, debates, PREP, cómputos, voto de jaliscienses en el extranjero y promoción de la participación ciudadana.

El proyecto también separa el financiamiento público para partidos políticos y candidaturas independientes, calculado en 732 millones 707 mil 821.23 pesos. Esta distinción es relevante: el presupuesto operativo permite que el IEPC funcione y organice la elección, mientras que las prerrogativas constituyen recursos públicos destinados a las actividades de los partidos y a la obtención del voto.

La ruta presupuestal todavía requiere el análisis del Poder Ejecutivo y la aprobación del Congreso de Jalisco. Por ello, el riesgo para el organismo no se limita a que el monto final sea menor al solicitado. También importa cuándo se ministren los recursos y si llegan de manera suficiente para contratar personal, adquirir insumos y cumplir los hitos del calendario electoral.

El IEPC advirtió además que una eventual reforma judicial local podría agregar responsabilidades no contempladas en el anteproyecto y obligar a solicitar una ampliación presupuestal. A esto se suma una nueva consulta indígena en Bolaños, derivada de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que también requerirá recursos y capacidad operativa.

Un problema nacional de suficiencia presupuestal

En la misma sesión del 29 de septiembre, el INE presentó su sexto informe de seguimiento sobre la situación financiera de los organismos electorales locales, con corte al 17 de septiembre. Dieciocho OPL habían solicitado ampliaciones presupuestales para cubrir necesidades operativas, tareas preparatorias de procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.

Colima fue identificado como el único organismo en nivel de seguimiento alto: había solicitado 24 millones de pesos y sólo tenía autorizados siete millones, una cantidad que el INE consideró insuficiente para sostener la operación del último cuatrimestre y el inicio del proceso electoral. Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán fueron ubicados en un nivel medio por recortes frente a sus solicitudes.

Jalisco no apareció entre los organismos clasificados en esos niveles de riesgo en el resumen presentado por el INE. Sin embargo, la experiencia de otros estados muestra el tipo de contingencia que el IEPC deberá evitar: recibir tarde los recursos, ajustar contratos, posponer adquisiciones o iniciar el proceso con una estructura operativa incompleta.

Fiscalización con calendario común

El INE también aprobó los plazos para fiscalizar los informes de ingresos y gastos de los periodos de obtención de apoyo de la ciudadanía, precampaña y campaña de los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027. El acuerdo ordena las fechas para presentar informes, ejercer la garantía de audiencia y elaborar los dictámenes y resoluciones.

Para Jalisco, esta coordinación significa que la competencia electoral no se vigilará como una serie de trámites aislados. Los partidos, aspirantes, candidaturas independientes y autoridades locales tendrán que registrar operaciones y comprobantes dentro de los sistemas establecidos por el INE, mientras que el IEPC deberá facilitar la coordinación y atender los requerimientos que correspondan.

El reto de Santana será, por tanto, doble. Deberá garantizar que el IEPC mantenga independencia frente a los actores políticos y, al mismo tiempo, conducir una administración capaz de cumplir metas medibles en tecnología, contratación, presupuesto y fiscalización. La vacante quedó resuelta el 29 de septiembre; la prueba institucional comienza el 1 de octubre.