El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el 10 de septiembre de 2026 los resultados de la ENVIPE 2026, con información sobre los delitos ocurridos durante 2025 y la percepción de seguridad pública medida entre febrero y abril de 2026 en México. La encuesta estimó que 28.5% de los hogares tuvo al menos una víctima de delito, que ocurrieron aproximadamente 33.8 millones de delitos y que 93.4% no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. Al mismo tiempo, 74.0% de la población adulta consideró inseguro vivir en su entidad federativa, aunque el INEGI reportó que ese fue el nivel más bajo de percepción de inseguridad desde el inicio de la serie.
El resultado plantea una lectura menos triunfalista que la de una simple mejora en el ánimo social. La percepción disminuyó, pero la victimización siguió alcanzando a 11.7 millones de hogares y la mayor parte de los hechos no ingresó al sistema formal de justicia. Para empresas manufactureras, transportistas, operadores logísticos y trabajadores que se desplazan a parques industriales, la diferencia entre sentirse menos inseguro y enfrentar menos delitos sigue siendo central.
En breve
- 28.5% de los hogares reportó que al menos uno de sus integrantes fue víctima de delito durante 2025.
- 93.4% de los 33.8 millones de delitos estimados no se denunció o no produjo una carpeta de investigación.
- 74.0% de la población adulta consideró inseguro vivir en su entidad entre febrero y abril de 2026; el Estado de México registró el nivel más alto y Coahuila el más bajo.
La percepción mejora, pero no equivale a menor exposición
La ENVIPE 2026 calculó que 23.0 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito en 2025, con una tasa de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes. El indicador fue menor al de 2024, cuando se ubicó en 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes, pero el porcentaje de hogares afectados permaneció en un nivel parecido: 28.5% frente a 29.0% un año antes.
La encuesta identificó al fraude, la extorsión y el robo en calle o transporte público entre los delitos más frecuentes. El perfil es relevante para la actividad productiva porque no se limita a hechos violentos en espacios públicos: también incluye afectaciones patrimoniales, engaños digitales, cobros ilegales y riesgos durante los traslados de trabajadores o mercancías.
El INEGI informó que 74.0% de las personas adultas consideró inseguro vivir en su entidad federativa. La cifra fue de 90.0% en el Estado de México, 88.7% en Morelos y 87.6% en Tabasco. En el extremo contrario, Coahuila registró 27.8%, Yucatán 35.5% y Aguascalientes 41.0%.
Estas diferencias muestran que el promedio nacional no describe por igual las condiciones para operar en todo el país. Una empresa con plantas, centros de distribución o rutas interestatales necesita analizar la exposición por entidad, municipio y corredor logístico, no únicamente utilizar el dato nacional como referencia.
La brecha entre mujeres y hombres persiste
En materia de victimización, la tasa estimada fue de 22 mil 539 mujeres víctimas por cada 100 mil mujeres y de 24 mil 555 hombres víctimas por cada 100 mil hombres. El dato no debe interpretarse como una medición completa de la violencia que afecta a cada sexo, ya que la encuesta registra los delitos incluidos en su diseño y depende de la capacidad de las personas para reconocer y reportar los hechos.
La diferencia es más visible cuando se observa la sensación de seguridad en espacios cotidianos. Sólo 43.4% de la población adulta dijo sentirse segura al caminar sin compañía por la noche cerca de su vivienda. Entre las mujeres el porcentaje fue de 35.4%, mientras que entre los hombres alcanzó 52.4%.
Para los centros de trabajo, esta brecha tiene consecuencias prácticas: horarios nocturnos, transporte de personal, accesos peatonales, estacionamientos y trayectos desde paradas de transporte público pueden ser evaluados de manera distinta por mujeres y hombres. Una reducción nacional en la percepción de inseguridad no significa que los riesgos estén distribuidos de manera homogénea dentro de una planta o una cadena de suministro.
Qué significa una cifra negra de 93.4%
La cifra negra es la proporción de delitos que no se denuncian o que, aun cuando llegan a conocimiento de la autoridad, no terminan en una carpeta de investigación. En la ENVIPE 2026, este indicador alcanzó 93.4% de los delitos estimados para 2025.
El dato no significa que 93.4% de los delitos hayan sido comprobados judicialmente y después descartados. Significa que la encuesta estimó los hechos ocurridos y comparó ese universo con los que ingresaron al circuito formal de denuncia e investigación. Por eso, los registros administrativos de fiscalías y policías muestran sólo una parte de la inseguridad que viven hogares y empresas.
La principal consecuencia analítica es que una baja en las carpetas de investigación puede tener dos explicaciones distintas: menos delitos o menor disposición y capacidad para denunciar. La ENVIPE permite observar esa diferencia porque pregunta directamente a la población por los hechos sufridos, incluso cuando no fueron reportados ante una autoridad.
Entre las causas habituales de no denuncia se encuentran la percepción de pérdida de tiempo, la desconfianza en las autoridades, trámites largos y el temor a consecuencias. Cuando esos obstáculos persisten, las fiscalías reciben una imagen incompleta de la demanda real de justicia y las policías pueden asignar recursos con información insuficiente.
Implicaciones para industria, logística y prevención
Para el sector productivo, la cifra negra obliga a complementar los indicadores oficiales con reportes internos de incidentes, encuestas a trabajadores, análisis de rutas, información de aseguradoras y mecanismos confidenciales de denuncia. El objetivo no es sustituir las estadísticas públicas, sino identificar riesgos que no aparecen en ellas.
En manufactura y logística, los delitos más frecuentes señalados por la encuesta pueden traducirse en costos de operación, interrupciones, pérdidas de inventario, cambios de ruta, mayores primas de seguro y restricciones para trabajar en determinados horarios. La extorsión, por ejemplo, puede afectar tanto a una empresa formal como a sus proveedores y transportistas; el fraude puede impactar pagos, compras y operaciones digitales.
La encuesta también ofrece una advertencia para las políticas públicas. Medir el éxito sólo con la percepción puede ocultar problemas de denuncia y procuración de justicia. Medirlo únicamente con carpetas iniciadas puede subestimar el volumen real de delitos. Una evaluación más completa tendría que combinar victimización, percepción, tiempos de atención, resultados de investigación y confianza ciudadana.
El descenso de la percepción de inseguridad es relevante porque puede reflejar una mejora en la experiencia cotidiana o una menor exposición a ciertos hechos. Sin embargo, el propio contraste entre 74.0% de percepción de inseguridad, 28.5% de hogares victimizados y 93.4% de cifra negra indica que todavía no existe una señal suficiente para afirmar que el problema esté resuelto. La lectura más útil para México es que el miedo bajó, pero la capacidad institucional para conocer, investigar y sancionar los delitos sigue siendo el principal punto de presión.
Fuentes consultadas
- SNIEG-INEGI, Resultados de la ENVIPE 2026, publicado el 15 de septiembre de 2026.
- UnoTV, Estado de México encabeza percepción de inseguridad; Coahuila registra la menor, publicado el 10 de septiembre de 2026.
- El Debate, ENVIPE 2026 revela la cifra negra y el tamaño de la inseguridad en México, publicado el 10 de septiembre de 2026.
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