Diputados revisan la Ley de Economía Digital: pagos electrónicos avanzan, pero las reglas aún están abiertas

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados continuó el 24 de septiembre de 2026, en San Lázaro, el análisis de la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada por el Ejecutivo federal como parte del Paquete Económico 2027. La propuesta busca ampliar el uso de medios de pago electrónicos, facilitar la contratación remota de servicios financieros y reducir barreras de acceso, pero aún se encuentra en proceso legislativo y no constituye una ley vigente.

La discusión incorpora a funcionarios, legisladores y representantes empresariales en un momento en que la digitalización de cobros y pagos ya impacta a comercios, bancos, empresas de tecnología financiera, gasolineras, autopistas y cadenas de suministro. Para la industria, el punto central no es solamente sustituir efectivo por transferencias o pagos con tarjeta: también se trata de definir quién deberá aceptar esos medios, qué infraestructura será necesaria y cómo se protegerá a las personas y negocios que todavía enfrentan limitaciones de conectividad o acceso financiero.

En breve

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo dentro del Paquete Económico 2027 y continúa bajo análisis de la Cámara de Diputados.
Sus objetivos declarados son ampliar los pagos digitales, facilitar la contratación financiera a distancia y favorecer la inclusión y la formalización económica.
El proyecto todavía debe precisar sectores, actividades, plazos, reglas operativas y obligaciones concretas antes de una eventual entrada en vigor.

Qué pretende cambiar el proyecto

De acuerdo con la información difundida por el Canal del Congreso, la iniciativa plantea un marco transversal para promover la adopción de pagos digitales y electrónicos. El diseño busca apoyarse en sistemas que ya operan en México, como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, conocido como SPEI, y el esquema de Cobro Digital, CoDi, en lugar de crear desde cero una red nacional de pagos.

La propuesta también pretende facilitar que una persona contrate ciertos servicios financieros sin acudir físicamente a una sucursal. En términos prácticos, esto podría reducir tiempos y costos para abrir cuentas, contratar productos o realizar operaciones, siempre que las reglas secundarias establezcan mecanismos suficientes de identificación, seguridad, protección de datos y atención a reclamaciones.

El Gobierno federal ha presentado la iniciativa como una herramienta para disminuir la dependencia del efectivo y acelerar la formalización de actividades económicas. En la conferencia presidencial del 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el proyecto busca que más pagos puedan realizarse desde el teléfono celular y que la digitalización contribuya a reducir trámites presenciales y comisiones asociadas a algunas operaciones.

Sin embargo, esos objetivos políticos y económicos no equivalen todavía a obligaciones aplicables a todos los comercios o usuarios. El contenido final dependerá del dictamen que elaboren las comisiones, de la discusión en el Pleno y, en su caso, del proceso posterior en el Senado y de la publicación correspondiente.

Los puntos que todavía no están definidos

Uno de los asuntos más relevantes es la definición de los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que podrían establecerse disposiciones específicas. Durante la reunión del 24 de septiembre, legisladores pidieron mayor claridad sobre los criterios que permitirían a la Secretaría de Hacienda determinar dónde se aplicaría el uso de medios de pago digitales o electrónicos.

El Canal del Congreso reportó que, conforme al planteamiento revisado, la Secretaría de Hacienda tendría atribuciones para determinar sectores y actividades, mientras que las autoridades sectoriales establecerían reglas operativas. La regulación involucraría también al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta distribución de facultades será determinante para saber si la ley funcionará como un marco general de coordinación o si dará lugar a obligaciones diferenciadas por actividad.

La información publicada por La Jornada señala que funcionarios identificaron inicialmente pagos con tarjeta en autopistas y gasolineras como posibles ámbitos de aplicación. Esa referencia debe leerse como parte de la explicación pública del proyecto y no como una regla definitiva: aún falta conocer el texto aprobado, los plazos de adaptación y las excepciones que podrían establecerse.

También está pendiente precisar qué ocurrirá con el efectivo. Representantes de entidades financieras especializadas advirtieron ante la Comisión de Hacienda que una restricción total o parcial podría afectar a personas sin acceso a la banca tradicional y a sectores que dependen de pagos en efectivo. Por ello, la transición tendrá que resolver una tensión central: avanzar hacia operaciones más trazables y eficientes sin convertir la falta de conectividad, una cuenta bancaria o un dispositivo compatible en una barrera para consumir, cobrar o recibir servicios.

Implicaciones para empresas y cadenas productivas

Para las empresas, una eventual ley podría generar beneficios operativos si estandariza procesos de cobro, reduce la gestión de efectivo y facilita la conciliación de pagos. En sectores con alta dispersión geográfica, como transporte, distribución, estaciones de servicio y comercio minorista, los pagos digitales pueden disminuir tiempos de liquidación y mejorar la visibilidad de las transacciones.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, no obstante, enfrentarían una transición distinta a la de los grandes grupos. La adopción de terminales, códigos QR, cuentas empresariales, conectividad y controles de seguridad implica costos, capacitación y ajustes administrativos. La iniciativa deberá aclarar si habrá periodos diferenciados, apoyos, estándares técnicos comunes o esquemas simplificados para negocios de menor tamaño.

La Asociación de Bancos de México y Mercado Pago México pidieron certidumbre jurídica y una implementación gradual, según el reporte del Canal del Congreso. Sus planteamientos reflejan que el impacto no se limitaría al usuario final: bancos, fintech, proveedores de infraestructura y comercios tendrían que modificar sistemas, contratos, procesos de cumplimiento y atención a clientes.

En materia de logística e industria, la interoperabilidad será especialmente importante. Si los distintos proveedores no pueden comunicarse de manera confiable, las empresas podrían terminar operando varias soluciones al mismo tiempo, con más costos y complejidad. Por el contrario, reglas homogéneas para pagos, comprobación y seguridad podrían facilitar transacciones entre proveedores, transportistas, operadores de infraestructura y clientes.

Una iniciativa todavía en construcción

La Comisión de Hacienda inició formalmente en septiembre el análisis de las propuestas vinculadas con el Paquete Económico 2027 y programó reuniones con funcionarios y representantes del sector privado. El proceso muestra que la Ley de Economía Digital sigue en etapa de revisión: el debate se centra en sus alcances, la forma de aplicar la digitalización y las salvaguardas para evitar exclusión financiera.

El siguiente paso será conocer el dictamen y verificar si incorpora definiciones más precisas sobre sectores obligados, medios de pago aceptados, protección de datos, responsabilidad ante fraudes, continuidad operativa y atención para personas sin conectividad. Hasta entonces, usuarios y empresas deben distinguir entre los objetivos anunciados por el Ejecutivo y las obligaciones que eventualmente establezca el Congreso.

Para México, el desafío será convertir la infraestructura existente en un sistema de uso amplio, seguro y accesible. El éxito de la iniciativa no dependerá únicamente de que haya más pagos electrónicos, sino de que el cambio reduzca fricciones para las empresas, amplíe las opciones de los consumidores y no deje fuera a quienes todavía operan en efectivo por razones económicas, tecnológicas o territoriales.