Del decálogo al territorio: qué debe demostrar el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Gobierno de Jalisco presentaron y suscribieron el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares durante la Feria Nacional Forestal 2026, realizada el 4 y 5 de septiembre en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan. El instrumento reúne a autoridades federales y estatales, comunidades forestales, pueblos indígenas y afromexicanos, empresas, academia y organizaciones sociales alrededor de una agenda de conservación, restauración, producción sustentable y combate a la tala ilegal.

El anuncio importa para la industria porque el acuerdo no plantea a los bosques únicamente como áreas que deben preservarse. También los reconoce como territorios donde se producen madera, plantas, alimentos, artesanías y servicios ecoturísticos; donde se regulan cuencas y se genera empleo; y donde ejidos y comunidades toman decisiones sobre el uso de los recursos. El siguiente paso será determinar si esa visión se traduce en proyectos financiados, trámites más ágiles y cadenas de suministro capaces de demostrar el origen legal de sus materias primas.

En breve

El acuerdo establece diez líneas de acción: restauración, manglares, producción libre de deforestación, silvicultura comunitaria, empresas forestales de mujeres, cadenas de valor, servicios ambientales, manejo del fuego, combate a la tala ilegal y simplificación administrativa.
La Conafor deberá coordinar el seguimiento y presentar un informe mensual a un comité integrado por autoridades, sectores productivos, universidades y organizaciones sociales.
El documento prevé que las acciones se financien con los presupuestos aprobados y no contempla recursos adicionales automáticos; por ello, los convenios específicos y las reglas de operación serán determinantes.

Un acuerdo amplio, pero todavía pendiente de aterrizar

El texto disponible en el expediente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria establece que el Gobierno federal, las 32 entidades federativas, los municipios y distintos sectores deberán adoptar acciones desde sus respectivos ámbitos de competencia. Entre los compromisos aparecen la conservación y restauración de bosques y selvas, la recuperación de manglares, la producción agrícola y ganadera libre de deforestación y el fortalecimiento de la silvicultura comunitaria.

La amplitud de los participantes es una de las fortalezas del pacto, pero también una de sus principales dificultades operativas. La política forestal atraviesa dependencias ambientales, agrícolas, agrarias, de seguridad, infraestructura y desarrollo económico. Además, muchas decisiones se toman en terrenos de propiedad ejidal, comunal o indígena. Sin mecanismos claros de coordinación, el acuerdo podría quedarse en una declaración compartida sin modificar los incentivos que hoy favorecen el cambio ilegal de uso de suelo o la comercialización de madera sin trazabilidad.

El propio documento reconoce que será necesario firmar instrumentos jurídicos, anexos y convenios de coordinación para concretar los compromisos. Esto significa que la firma nacional es un punto de partida, no el cierre del proceso. Para las empresas y comunidades forestales, la información más relevante todavía deberá aparecer en esos instrumentos: polígonos prioritarios, calendarios, montos, criterios de elegibilidad, responsables y mecanismos de evaluación.

La métrica central será la implementación mensual

El acuerdo propone integrar un comité de seguimiento con representantes de Semarnat, Conafor, autoridades locales, sectores productivos, universidades, centros de investigación y organizaciones sociales. La Conafor quedaría como responsable de presentar informes mensuales pormenorizados.

Ese diseño ofrece una oportunidad para pasar de los anuncios ambientales a un tablero de control público. Un seguimiento útil debería informar, como mínimo, cuántas hectáreas fueron restauradas, cuántos predios cuentan con manejo forestal autorizado, qué superficie está bajo pago por servicios ambientales, cuántas brigadas operan, qué inspecciones derivaron en sanciones y cuánto producto forestal legal se incorporó a las compras públicas y privadas.

También será necesario distinguir entre reforestación, restauración ecológica y supervivencia de las plantaciones. Sembrar árboles no equivale por sí mismo a recuperar un ecosistema. La evaluación tendrá que considerar especies nativas, permanencia de la cobertura, recuperación de suelos, disponibilidad de agua, reducción de incendios y beneficios para las comunidades que realizan el manejo.

Existe además un punto jurídico que deberá vigilarse. El expediente regulatorio consultado indica que el acuerdo debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor al día siguiente de esa publicación. Por eso, la fecha de publicación, la versión final y los anexos operativos serán referencias indispensables para saber cuándo comienzan formalmente las obligaciones y bajo qué reglas se ejecutarán.

El presupuesto será la prueba de realidad

El instrumento establece que el Gobierno federal, en coordinación con entidades y municipios, destinará inversión pública dentro del Programa Nacional Forestal. Sin embargo, sus disposiciones transitorias señalan que los gastos deberán cubrirse con los presupuestos aprobados y que no se autorizarán recursos adicionales de manera automática.

Esta condición vuelve decisiva la asignación anual de recursos. Restaurar cuencas, mantener viveros, financiar brigadas, apoyar estudios técnicos, mejorar caminos forestales y profesionalizar empresas comunitarias exige continuidad presupuestal. Los proyectos forestales tienen ciclos más largos que los ejercicios fiscales y que los cambios de administración, por lo que la falta de financiamiento multianual puede reducir los resultados a acciones aisladas.

El antecedente de la política forestal federal muestra que ya existen instrumentos sobre manejo comunitario, pago por servicios ambientales, prevención de incendios y aprovechamiento maderable. El desafío del nuevo acuerdo será articularlos, evitar duplicidades y dirigir recursos hacia territorios donde la conservación pueda convivir con ingresos legales para la población.

Qué cambia para las cadenas productivas

El acuerdo incorpora explícitamente la construcción de cadenas de valor forestales sostenibles y el compromiso empresarial de comercializar productos con procedimientos que acrediten su procedencia legal. Para la industria maderera, esto puede elevar la importancia de la trazabilidad desde el predio hasta el aserradero, el fabricante, el distribuidor y el consumidor final.

Una aplicación efectiva tendría efectos en varios sectores. Los fabricantes de muebles, empaques y productos de madera podrían contar con mayor certidumbre sobre sus proveedores; las comunidades tendrían mejores condiciones para negociar si disponen de autorizaciones, transformación primaria y acceso a mercados; y las compras públicas podrían convertirse en una demanda estable para productos certificados o de origen legal.

La agenda también alcanza a productos no maderables, como plantas medicinales, alimentos, fibras y resinas, así como a proyectos de turismo de naturaleza. En estos casos, el valor económico depende de la conservación del paisaje y de la participación local. Si los beneficios se concentran fuera de las comunidades, el incentivo para conservar será menor. Por eso, el apoyo a empresas forestales de mujeres y la inclusión de jóvenes no son elementos secundarios: pueden definir quién captura el valor generado en los territorios.

Jalisco como primer laboratorio estatal

Durante la apertura de la feria, el gobernador Pablo Lemus anunció que Jalisco se sumaría a la convocatoria nacional y que sería el primer estado en suscribir el acuerdo, de acuerdo con la Universidad de Guadalajara. La sede del acto reunió a autoridades, brigadistas, comunidades, investigadores y empresas en un encuentro que incluyó más de 100 stands, productos maderables y no maderables, servicios ecoturísticos y proyectos comunitarios.

La entidad puede funcionar como un caso de prueba porque combina zonas boscosas, áreas agrícolas, presiones urbanas, actividades agroindustriales y ecosistemas costeros. En consecuencia, la implementación deberá conectar manejo forestal con ordenamiento territorial, restauración de cuencas, prevención de incendios y control del cambio de uso de suelo. También tendrá que definir cómo participarán las juntas intermunicipales de medio ambiente, los municipios y las comunidades propietarias de los terrenos.

La agenda productiva tendrá que evitar una contradicción frecuente: promover cadenas como madera, agave o agricultura sin deforestación sin debilitar la protección de los ecosistemas que sostienen el agua y la biodiversidad. La respuesta dependerá de mapas de elegibilidad, vigilancia, trazabilidad y asistencia técnica, no sólo de compromisos voluntarios.

Los indicadores que deberán seguir empresas y comunidades

Para evaluar si el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares se convierte en política productiva, conviene observar cinco señales durante los próximos meses:

Publicación y reglas: versión definitiva en el Diario Oficial, lineamientos del comité y anexos de coordinación.
Recursos: montos asignados por programa, estado y tipo de acción, además de calendarios de ministración.
Resultados territoriales: hectáreas restauradas con supervivencia comprobada, superficie bajo manejo y reducción de incendios o tala ilegal.
Participación comunitaria: número de ejidos, comunidades indígenas, mujeres y jóvenes con acceso a asistencia técnica, financiamiento y mercados.
Mercado legal: avances en trazabilidad, compras responsables, certificación y transformación de productos forestales.

El pacto tiene una ventaja: coloca en la misma conversación a conservación, producción y desarrollo regional. Su riesgo es que la coordinación se vuelva un fin en sí mismo. La diferencia entre ambos escenarios estará en la capacidad de la Conafor y de los gobiernos estatales para publicar datos comparables, asignar responsabilidades y sostener el financiamiento más allá del acto de firma.